Por: Angélica Medinilla

Irma Alicia Velásquez Nimatuj es antropóloga, periodista y escritora maya-k’iche’. En esta entrevista, reflexiona sobre el proceso a 10 años de la histórica sentencia contra el exgeneral José Efraín Ríos Montt. Habla de las lecciones aprendidas, las consecuencias de la decisión de anular la sentencia, sobre el racismo y los actuales retrocesos en el sistema de justicia.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj acompañó a la población ixil en las audiencias del juicio por genocidio hace 10 años. Ella califica ahora el proceso judicial como un parteaguas. La histórica sentencia contra el exgeneral José Efraín Ríos Montt sentó el precedente para que otros altos mandos del Ejército enfrenten a la justicia por crímenes cometidos durante la guerra.

El 10 de mayo de 2013, las juezas Yassmín Barrios, Patricia Bustamante y el juez Pablo Xitumul, del Tribunal A de Mayor Riesgo, condenaron a 80 años de prisión a Ríos Montt.

Velásquez Nimatuj recalca que en la sentencia también se ordena que las investigaciones deben seguir con quienes financiaron el genocidio, porque se evidencia que se necesitó de recursos económicos y no solamente de armas.

«Esto asustó a la extrema derecha. Por eso el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) se aglutina días después y demanda a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se retraiga el juicio», recuerda Velásquez Nimatuj, quien es antropóloga, periodista y escritora. Se especializó en antropología social en la Universidad de Texas. Fue perito en los procesos judiciales por violencia sexual de mujeres q’eqchí en Sepur Zarco y mujeres achí en comunidades de Baja Verapaz.

La CC decidió regresar todo lo actuado dentro del juicio a partir del 19 de abril. Con esta resolución se anuló la sentencia. Los magistrados argumentaron que el Tribunal A de Mayor Riesgo no resolvió una recusación planteada por la defensa de Ríos Montt en contra de dos miembros de esa judicatura.

Sin embargo, Velásquez Nimatuj resalta que la decisión de la CC no niega que las más de mil pruebas presentadas en el juicio por genocidio son reales. Tampoco invalida las voces de las mujeres y hombres sobrevivientes.

¿Qué simbolizó el juicio por genocidio y la sentencia contra el exgeneral José Efraín Ríos Montt en 2013?

El juicio fue fundamental para el país, la justicia nacional y también para la justicia internacional. Se demostró que un alto mando del Ejército podía ser llevado a los tribunales, podía ser juzgado por sus actos cometidos cuando estuvo en posición de poder. En este caso a una figura (Ríos Montt) que había sido fundamental en el genocidio y en la política de tierra arrasada, en la construcción de las violencias que azotaron a Guatemala. Fue clave ver que los responsables podían ser sentados y que tenían que escuchar a los sobrevivientes de todas las atrocidades que cometieron. Por primera vez en la historia de Guatemala alguien de ese nivel estaba enfrentando la justicia por esos hechos. Estuve en las audiencias y realmente viví en carne propia lo que ese momento significó.

¿Puede contar acerca de su experiencia en las audiencias?

Sentí que era un parteaguas para Guatemala. Entonces traté de apoyar con un pequeño granito de arena de la forma que fuera posible, pues era más que necesario, era un deber moral poder acompañar.

También reconocer todo ese trabajo valioso que estaban haciendo las y los sobrevivientes que muchos de ellos estaban en condiciones de salud bastante mal y en condiciones económicas bastante precarias, pero con una conciencia muy clara de que el juicio era algo necesario para poder cerrar un círculo de violencia y para que se conociera la verdad. El tema fundamental para las y los sobrevivientes era obtener justicia por todas las atrocidades que vivieron.

¿Por qué el juicio fue un parteaguas?

Ese momento permitió que la extrema derecha se diera cuenta de todo el panorama, que después de Ríos Montt iban a seguir otros responsables de delitos de lesa humanidad y esto era algo a lo que no estaban dispuestos. Quizás después del juicio contra Ríos Montt el proceso que vino a marcar un antes y después fue el caso Molina Theissen que fue clave porque se pudo demostrar que no solamente se estaban llevando a actores del Ejército frente a los tribunales, sino que estos actores eran responsables de todo el tema de la Inteligencia Militar.

Esto era fundamental para reconstituir el país, para saber que había ocurrido, cómo había ocurrido, cómo se había generado esta política de destrucción, secuestro y asesinato bajo la idea de crear enemigos del Estado y de que todas o todos eran comunistas. El juicio fue un momento histórico porque se demostró que sí había jueces que eran capaces de enfrentar la realidad del país y ponerla en contexto de la historia nacional.

¿Qué cambió en Guatemala después del juicio por genocidio?

Lo que cambió es que la élite se aglutina con la élite militar. Recordemos que Ríos Montt estaba separado de la élite económica. A raíz del Jueves Negro se había marcado mayor distancia entre Ríos Montt y el CACIF. Sin embargo, cuando se emite la condena el 10 de mayo del 2013 el contexto cambia. Zury Ríos –hija de Ríos Montt y actual candidata presidencial en las elecciones de 2023– es auxiliada por una serie de intelectuales como Gustavo Porras y otros, que estaban dispuestos a negociar con el CACIF y hacerles entender que si caía Ríos Montt los próximos eran ellos, porque en la sentencia también se plantea que las investigaciones deben seguir con quienes financiaron el genocidio.

Durante el juicio se evidencia que un genocidio requiere de recursos, no sólo de armas, requiere de otro tipo de recursos como inteligencia y financiamiento. Esto asustó a la extrema derecha. Por eso el CACIF se aglutina días después y demanda a la Corte de Constitucionalidad que se retraiga el juicio. Nunca se dijo que las más de mil pruebas no eran reales o que eran falsas. El tema fue retraer dentro del proceso jurídico, buscar una maniobra. El veredicto sigue teniendo vigencia, no se dijo que las pruebas eran falsas. No invalidan las voces de las mujeres y los hombres sobrevivientes.

¿Cómo tomó la población ixil la decisión de la Corte de Constitucionalidad?

Fue un golpe para la población, pero al mismo tiempo fue darse cuenta de que todos los años de lucha de este largo proceso tuvieron una cosecha. Aunque en apariencia habían perdido, no fue así. La sentencia es significativa, nadie la va a poder borrar y está pública para las nuevas generaciones. Las y los miembros de los pueblos de Guatemala que estén en 100 años van a valorar esa sentencia. Se dieron pasos significativos, no fue una derrota. Al contrario, fue decir «No conocemos el sistema de derecho, el sistema ordinario de ustedes no es el nuestro. Pero lo hemos usado y les hemos ganado en su propia cancha».

Esto es lo que hace al juicio histórico, porque nos muestra que quienes mueven la historia en este país no son la élite que apela al Estado de derecho, no son sus intelectuales, ha sido la gente más pobre o la empobrecida por la guerra, las mujeres y los hombres indígenas. Fue necesario ir a un segundo juicio y estuvieron dispuestos a hacerlo. La memoria, el esfuerzo y trabajo de las y los sobrevivientes quedará como una herencia clave para las nuevas generaciones de mayas, mestizos, xincas, afrodescendientes, garífunas, de población ladina consciente con su país. Yo diría que es el mejor ejemplo y la mejor herencia que mujeres y hombres ixiles fueron capaces de demostrar que es posible.

¿Qué efectos tuvo en el país la decisión de retraer el proceso?

Retraer el juicio fue una maniobra estratégica política de muy baja capacidad para estos sectores, que en el marco de la historia jamás nadie va a poder borrar el momento en que salen ellos (representantes de CACIF) exigiéndole a la Corte de Constitucionalidad.Se ve que no había ninguna independencia de poderes. El poder privado en el país era el que dominaba y mandaba al sistema de justicia. Se quiebra ese momento en el cual la élite económica había estado un poco alejada de estos procesos. Se da esta articulación manejada por una fundación (Fundación contra el Terrorismo) que está destruyendo el país, que está al frente de todo el terror y persecución que se vive en Guatemala. Ese es el parteaguas que se visualizó, pero no con toda la claridad que vemos en estos momentos.

La Fundación contra el Terrorismo empezó a darse a conocer en 2013, cuando se realizaban las audiencias del juicio por genocidio. Esta fundación, que nació para defender a militares acusados de violaciones de derechos humanos, ahora es la principal aliada en la actual persecución de exfiscales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), jueces, periodistas y activistas.

¿Qué papel ha jugado la Fundación contra el Terrorismo?

Los sectores económicos y los sectores militares necesitan un operador. Ellos están ejerciendo ese papel de burocracia y lo están ejerciendo muy bien, según ellos. Vemos el oscurantismo con el cual trabajan y sin ningún tipo de transparencia de quien les financia. Empieza ese proceso de persecución, de retorcer el sistema de justicia. Crean un plan a nivel nacional e internacional en el cual ellos han avanzado, se dan cuenta que había que quitar a la fiscal general, tomar ciertos tribunales, quitar a jueces, atacar a organizaciones y sus liderazgos, toman la PDH (Procuraduría de Derechos Humanos). Ahora están detrás del periodismo y luego vendrá la sociedad civil. Las consecuencias del juicio contra Ríos Montt son lo que hemos vivido durante estos 10 años, concretamente los últimos cuatro años a partir de la salida de la CICIG.

A 10 años del juicio por genocidio contra Ríos Montt, ¿Cuáles son las lecciones que dejó? 

Creo que habrá múltiples lecciones que pueden ser leídas desde diferentes áreas y desde diferentes análisis. Una que es fundamental es que muestra cómo poblaciones indígenas pobres, empobrecidas por la guerra, analfabetas, sin tener todos los medios a su disposición, pero con una larga lucha si es posible alcanzar justicia en un país tan saqueado como Guatemala. Otro elemento que es fundamental fue que se demostró que sí se podían tener tribunales nacionales que eran capaces de juzgar delitos contra la humanidad, que se tenía la capacidad y las condiciones para hacerlo.

Otra lección importante fue mostrar la capacidad de alianzas que hicieron las y los sobrevivientes a lo largo de los años. Estas alianzas fueron interétnicas, de diferentes generaciones, con diferentes profesionales y organizaciones y que esto era posible realizarlo de una manera conjunta y lograr de manera conjunta esa justicia tan necesaria e importante para un país como Guatemala que enfrentó varios genocidios. Una lección clave fue ver el rol de las mujeres indígenas, verlas dispuestas a hablar y narrar situaciones tan difíciles como era la violencia sexual, las muertes de las niñas y los niños. Temas que nadie imaginaba que podían haber ocurrido, pero que ocurrieron y en ese momento fue posible darlos a conocer.

En 2023, hay dos procesos judiciales en marcha por genocidio contra la población ixil durante los regímenes de Fernando Romeo Lucas García y Ríos Montt. El juicio contra Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas debía empezar este año, pero se suspendió por recursos pendientes de resolver. El proceso contra Luis Enrique Mendoza García, exjefe de operaciones militares de Ríos Montt, se programó para 2024. La jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, no aceptó 20 testimonios que proponían las víctimas como pruebas contra Mendoza.

¿Cuál es su opinión sobre los dos procesos por genocidio actuales?

Yo creo que difícilmente vamos a volver a ver juicios como el que se realizó en contra de Río Montt o el de Sepur Zarco. Ojalá me equivoque, espero equivocarme y creer que el sistema de justicia tiene mujeres juezas dignas y jueces también que están al servicio de la verdad y la no repetición. Pero en los últimos años, lo que nos muestra el sistema de justicia es todo lo contrario. Los sectores militares van a hacer todo para retraer estos procesos y que no llegue la justicia, van a alargar, esperar que las personas mueran o se enfermen y ya no tengan fuerzas para seguir con el proceso.

Aunque, mientras haya un solo sobreviviente estos procesos no van a morir. También viene toda esta juventud, todos los nietos que están dispuestos a continuar y con mucha más fuerza. Pero veo un peligro fuerte y es que a estos sectores los está radicalizando el Estado. Uno de los errores más grandes es radicalizar sectores en Guatemala y es algo que está haciendo el Estado guatemalteco al negar justicia. Al negar justicia, los hijos y los nietos se están radicalizando más. Quizá si la justicia hubiera caminado no se llegaría a esos procesos de radicalización de las nuevas generaciones. Los jueces tienen que darse cuenta de esto.

Carlos Guzmán-Böckler –abogado y sociólogo guatemalteco– decía que un juez no sólo sabe de leyes, también debe saber de historia, saber de derechos, conocer el contexto en el cual está ejerciendo. Eso es totalmente cierto. Además, son padres y madres, son miembros familias y de comunidades que deben tratar de comprender lo que las personas están solicitando. Lamentablemente aquí hay otro elemento clave que es el racismo.

¿Cómo impacta el racismo en el sistema de justicia?

Uno ve a la jueza Claudette Domínguez, ella es una de las mujeres que ejemplifica a todo este sector de jueces que usa la justicia de una manera racista y clasista. Lo hizo contra las señoras sobrevivientes del pueblo achí –En 2019, mujeres achí del caso que conocía la jueza Domínguez la denunciaron por discriminación y racismo– y lo hace contra otros sectores de pueblos indígenas que están demandando justicia como un derecho humano.

El derecho a pedir justicia es un derecho garantizado universalmente. Ella, para mí, representa ese sistema de justicia cooptado, incapaz de conectarse con el país donde está ejerciendo, una justicia comprada, dispuesta como alfombra al sistema económico. Ella es el rostro, diríamos que es la que mejor defiende y ejemplifica lo que el sistema de justicia está viviendo en este momento. No es la única, pero al verla a ella se puede ver el fracaso del sistema de justicia.

A pesar del racismo que enfrentan las mujeres y hombres indígenas, no se dan por vencidos. A pesar de enfrentar esas humillaciones profundas, de que se les diga que no son seres humanos y no tienen que venir aquí a pedir justicia si son indias o indios. No lo dicen así, pero es así como se interpretan sus decisiones. Las y los sobrevivientes tienen una capacidad de dignidad y de valor. En el marco largo de la historia van a quedar así con valor pleno.

En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la acusación contra el Estado de Guatemala por el genocidio de población ixil. ¿Qué representa esto?

Al cerrarse los espacios nacionales hay que buscar los espacios internacionales. Es un paso, una esperanza, sin duda será significativo. Es un proceso más largo, no es una sentencia que será inmediata. Pero esto es triste para el Estado de Guatemala, que las y los sobrevivientes quienes enfrentaron todas estas atrocidades tengan que recurrir a la justicia internacional es vergonzoso para un Estado. Es una muestra de que no hay justicia. Cuando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos venga tampoco va a respetar el Estado, como no ha respetado otras sentencias.

Lo importante es que esas voces están quedando en diferentes instancias nacionales e internacionales y cómo serán útiles para el futuro y la otra Guatemala que va a ir germinando. La justicia transicional busca la verdad, busca dar justicia a quienes sobrevivieron y a quienes no sobrevivieron. A las familias de quienes ya no pudieron hablar, no pudieron llegar a un juzgado y presentar su denuncia. Es clave también porque se necesita una reparación. Estos procesos no son por una reparación económica, como plantea la derecha. Nadie, ni el Estado de Guatemala puede reparar económicamente por el daño que cometió en todo el país. Algo fundamental y que casi todas las personas que enfrentaron estos hechos plantean es la no repetición de lo que se vivió, la búsqueda de la no repetición de estas violaciones en sus comunidades, en sus pueblos y en su descendencia.

La búsqueda por no regresar al pasado se enfrenta con los retrocesos en el Organismo Judicial. ¿Cómo evalúa el contexto actual de acceso a la justicia?

Yo creo que todo lo que vivimos es parte de esa posguerra. Todas las posguerras son dolorosas en cualquier parte del mundo porque se cometieron crímenes. Guatemala no es la excepción. Las posguerras siempre van a ser dolorosas, porque nos toca enfrentarnos con ese pasado que ha sido destructor, que no respetó vidas de niños ni de ancianos, que no respetó derechos fundamentales garantizados en Guatemala o en los marcos internacionales de Naciones Unidas.

El Estado perdió la oportunidad de que estos juicios realmente avanzaran, se dieran los procesos, las reparaciones, la garantía de no repetición y la posibilidad de construir. Sin embargo, el Estado de Guatemala no asumió el rol que le correspondía. Lo que hizo fue responder a los intereses de unas pequeñas élites de familias corporativas. El Estado falló. Si a alguien le tenemos que reclamar este momento de terror y de persecuciones es al Estado. Así como falló cometiendo genocidio, como falló durante el conflicto armado, como falló destruyendo la revolución de 1944. Nuevamente destruyó todo el proceso de negociación de paz. Durante el proceso de posguerra no fue capaz de enfrentar su pasado y buscar que a través de las vías jurídicas se llegara a tener una convivencia plena.

Aquí el Estado es el principal violador del derecho a la vida, es el que está permitiendo que fundaciones terroristas estén llevando a la cárcel a ciudadanos que han contribuido a esta nación, permite la persecución de los mejores jueces que están aportando en otros espacios y no haciendo su trabajo en Guatemala. Es una vergüenza para el país que los profesionales de alto nivel estén saliendo. Esto se compara con 1954, cuando vemos esa gran salida de artistas y políticos que van a enriquecer otros espacios y se van por la represión que impulsa el Estado. Nuevamente lo estamos viviendo, aquí nadie quiere quedarse, se marchan porque el Estado no garantiza su vida.

Se vive de nuevo el exilio, ¿qué consecuencias genera para quienes se van y quienes se quedan?

No es lo mismo salir por trabajo, estudio o para visitar a la familia en el extranjero a tener que salir porque es la única forma de garantizar la vida. Esa es una gran diferencia cuando alguien se va de este país o termina en la cárcel acusado de cualquier delito. El desarraigo y exilio siempre es doloroso. Siempre marca a las generaciones y a la descendencia. Las hijas, los hijos, las familias que están sufriendo.

El Estado está permitiendo la nueva creación de escuadrones de la muerte en el marco de la democracia. Estos nuevos escuadrones son avanzados por esta fundación que aterroriza a la población y el Estado no responde. Aquí hay que apelar a los organismos internacionales que son rectores para mantener la vida, el equilibrio, la paz y que las poblaciones no tengan que dejar su país. No es fácil para nadie marcharse y empezar una vida afuera. Especialmente para personas como los jueces, los fiscales que han tenido un papel protagónico en este país.

Yo creo que tampoco nos debe asombrar, porque cuando se lee la historia y se ve cómo ha actuado el Ejército esto realmente no es sorprendente. Estos escuadrones de la muerte han funcionado de diferente forma. Recordemos que hasta a las mismas poblaciones indígenas las han usado en contra de su propia población, de su propia gente. Esto no es novedoso, es la única forma en que saben actuar. Desprestigiar, antes con volantes, ahora usan las redes sociales para decir cualquier mentira. Además, lo hacen tan mal hecho, se nota su incapacidad. Este dolor que están cargando la mayoría de profesionales que dejan el país es sumamente dramático y es triste. Pero la pérdida la tiene el país y las generaciones que están separándose.

¿Por qué es importante que como sociedad se continúe hablando y discutiendo sobre la guerra?

Si una sociedad no conoce qué le pasó, no va a ser capaz de entender el presente y tampoco va a ser capaz de construir un futuro distinto. Es importante conocer el pasado porque Guatemala sigue viviendo hoy violaciones de derechos humanos. Hay dos mujeres que son asesinadas en promedio diariamente. Esta violencia es consecuencia de esa falta de Estado de Derecho, es consecuencia de que los sistemas de justicia no funcionen, de esa impunidad tan alta en más del 90%.

Creo que si una sociedad ignora o quiere voltear la vista para otro lado y no quiere darse cuenta de lo que esto ha significado, no va a poder construir el país que tanto anhela. Va a continuar la impunidad. Lo estamos viviendo . Eso es lo que hace un sistema en donde no hay justicia, esas son las consecuencias.