Sofía Duyos
Recientemente, no ha habido nada que se haya interpuesto más a los intereses de la oligarquía y del Ejército de Guatemala que el rendimiento de cuentas ante los tribunales por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado. La impunidad es su mayor aliado. De ahí su intención de negar la sentencia histórica que el 10 de mayo de 2013 condenó al dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y su esfuerzo por desmantelar el sistema de justicia que la hizo posible. Un sistema que, con el apoyo de la CICIG, logró disminuir los índices de impunidad, desarticular el crimen organizado y combatir la corrupción. Un sistema que contó con jueces, dos mujeres y un indígena, que además de condenar por genocidio, ordenaron seguir investigando al resto de autores y dictaron importantes medidas de resarcimiento para las víctimas.
El primer paso lo dieron el 20 de mayo de 2013. Diez días después de la primera condena por genocidio en un tribunal nacional contra un ex jefe del Estado, el Cacif decidió en pleno extraordinario pedir a la Corte de Constitucionalidad que la anulara. Semejante petición –impensable en una democracia– estuvo motivada, probablemente, por las advertencias de la hija del dictador, la hoy candidata a la presidencia Zury Ríos, sobre los casos judiciales que podrían abrirse contra familias enteras si se hubiera empezado a investigar a los cómplices del dictador genocida. De ahí su odio y la larga lista de fiscales y jueces en el exilio. De ahí su ánimo de venganza y la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. De ahí la persecución de operadores de justicia que garantizaron los derechos de unas víctimas que ganaron limpiamente una batalla judicial contra quien los condenó a una vida de muerte sin posibilidad de defenderse. La propia decisión de la Corte de Constitucional concediendo al Cacif lo que pedía, en infracción de Ley, demuestra a quiénes sirven los magistrados que deben velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Nunca fue tan manifiesta la dependencia judicial.
Agradezco la posibilidad de aportar argumentos lo más claros y contundentes posibles para que no puedan confundirnos en un caso de la mayor trascendencia histórica nacional e internacional. Un caso que fue posible gracias a la lucha incansable de las víctimas y de sus organizaciones, como AJR y CALDH. Al compromiso ético y profesional de la fiscal general del Estado, Claudia Paz y Paz, del fiscal Orlando López y de los jueces Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul. Nuestra responsabilidad es apropiarnos de la verdad y defenderla porque, además, es justa y es histórica. Todas las personas que lograron sentar al dictador en el banquillo arriesgan su vida. No podemos permitir que reescriban la historia con el mismo método de siempre, la violencia.
De todas las falsedades que utiliza la extrema derecha social y militar para negar la comisión por parte del Ejército de Guatemala del delito de genocidio, desmontaré tres de ellas.
I) Lo falso es: «El ejército solo mató guerrilleros y eso era permitido por la ley». Lo cierto es que la inmensa mayoría de los muertos a manos del Ejército fueron civiles no combatientes y que matar guerrilleros en cualquier circunstancia no está ni estaba permitido por la ley.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que el Ejército de Guatemala cometió al menos 636 masacres, muchas de ellas acompañadas de graves suplicios como la tortura o violación sexual; que el terror de las Fuerzas de Seguridad produjo 45 000 personas desaparecidas, el desplazamiento interno un millón de personas y la expulsión de medio millón a México. El Ejército de Guatemala retorció las normas internacionales hasta intentar que pareciera legal matar sin piedad hombres y mujeres de todas las edades con la excusa de que eran guerrilleros. Decir que «los matamos porque eran guerrilleros y merecían morir», y que solo con tacharlos de guerrilleros convertía su ejecución en un acto legal, resulta no solo inhumano y cruel, sino falso y contrario a la ley y la conciencia de la humanidad. Desde el siglo XIX está en vigor una obligación internacional que impide poder hacer todo en la guerra, que impone límites que se tienen que respetar y de su incumplimiento se deriva responsabilidad internacional.
La primera regla de oro es la separación entre combatientes y no combatientes; la segunda, el debido trato humano a unos y otros. Es decir, es obligado tratar con humanidad a todos, combatientes y no combatientes; está prohibida la tortura en todo caso; y es prohibido matar a un guerrillero que ha depuesto las armas, está enfermo o fuera de combate… porque solo se puede matar guerrilleros en combate. Por lo tanto, de ninguna manera está permitido matar o torturar civiles, aunque sean etiquetados de guerrilleros. Su muerte fue criminal.
Lo cierto es que las fuerzas de seguridad eliminaron guerrilleros fuera de combate y utilizaron de forma sistemática la tortura contra civiles y combatientes. Además, la inmensa mayoría de las víctimas del Ejército no eran guerrilleros, ni murieron en combate[1]. De hecho, los niños y niñas representan el 20 % de las víctimas totales del conflicto y suponen el 60 % de las víctimas en el desplazamiento forzado, por violencia, enfermedad, hambre [2]. Hubo masacres en las que murieron pueblos mayas enteros, todos los habitantes de aldeas y caseríos.
Que la inmensa mayoría de los muertos fueran civiles no combatientes fue consecuencia de una política de Estado. El enemigo estaba dentro de Guatemala, era «el enemigo interno» y se hallaba en quienes cuestionaran el statu quo de violencia, miseria y servidumbre. El Manual de Guerra Contrainsurgente de Guatemala (1978) lo describe claramente: El enemigo está constituido, por guerrilleros y comunistas, y por «aquellos individuos, grupos u organizaciones que, sin ser comunistas, tratan de romper el orden establecido».[3]
Las Fuerzas de Seguridad aplicaron esta estrategia de forma absolutamente desproporcionada a la capacidad bélica de la insurgencia. Consideraron una amenaza cualquier proyecto político o social diferente al suyo y se dedicaron a la eliminación sistemática de líderes y miembros de partidos políticos, universidades, cooperativas, comités campesinos, sindicatos, iglesia de los pobres… Sus víctimas fueron en su inmensa mayoría civiles, hombres y mujeres de todos los estratos y edades; la gran mayoría pertenecientes al pueblo maya.[4]
Por otra parte, al terminar la guerra no había prisioneros de guerra porque cualquier sospechoso había sido ejecutado. Solo la élite política y económica escapó a la ferocidad de las fuerzas de seguridad del Estado. El Archivo Histórico de la Policía Nacional demuestra que uno de cada dos ciudadanos de la capital fue objeto de vigilancia, control y persecución hasta que se decidiera su ejecución. El «Diario Militar», comenzado en la dictadura de Mejía Víctores, sucesor de Ríos Montt, se ha convertido en fuente de vital importancia para esclarecer el proceso de estigmatización, persecución y muerte de ciudadanos guatemaltecos; así como en prueba de la continuidad de la política criminal del Estado entre 1978 y 1985. La guerra era total y despiadada.
Además, las campañas militares no se desarrollaron contra la guerrilla sino contra el pueblo maya. Bajo la estrategia de «quitar el agua al pez», no combatieron a la guerrilla (el pez) sino al pueblo (agua) con la excusa de que era su base social. El Ejército temía que por sus míseras condiciones de vida pudieran unirse a las proclamas de justicia social de la insurgencia[5]. La estrategia militar de identificar a los mayas con la guerrilla, solo por la sospecha de que pudieran llegar a apoyarla, y combatirlos por igual es una estrategia criminal. Nunca estuvo permitido matar civiles, cualquiera que fuera la etiqueta que les colocaran.
II) Lo falso es que «Efraín Ríos Montt y su Alto Mando no supieron ni planificaron la destrucción del ningún pueblo maya», Lo cierto es que Efraín Ríos Montt y su Alto Mando sí supieron y planificaron la destrucción de varios pueblos mayas.
El Alto Mando lo integran el presidente de la República, el ministro y viceministro de Defensa, el jefe y subjefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala. Es decir, Efraín Ríos Montt, Humberto Mejía Víctores, Héctor Mario López Fuentes y Héctor Alejandro Gramajo Morales.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó que el 83.3 % de las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante todo el conflicto pertenecían a alguna etnia maya y el 16.5 % eran ladinos[6]. El porcentaje de ladinos disminuye al 7 % de las víctimas en masacres[7].
Que el 93 % de las víctimas en las más de 636 masacres del Ejército fueran indígenas mayas, implica que esta institución dedicó sus recursos a matar al pueblo desarmado, a los más pobres e indefensos que estaba obligado a proteger. Sostener que si hubo muertos civiles «fue resultado de excesos de unos pocos» es ignorar que Ríos Montt era el jefe de Estado y el ministro de Defensa, que reorganizó el Ejército, aumentó su poder y sus recursos; dominó las fuerzas de seguridad y puso todas las instancias civiles al servicio de la guerra. Además, creó los Tribunales de Fuero Especial para condenar civiles sin posibilidad de defenderse, pero a los que jamás envió a ningún miembro del Ejército por esos supuestos excesos, pues ningún militar o policía fue castigado o relevado de su cargo por excederse contra la población.
Sostener que ni Ríos Montt ni su cúpula militar tuvieron ninguna responsabilidad por la actuación de las tropas en el terreno es ignorar que el ejército es una organización jerárquica, obediente y disciplinada cuyos dirigentes tienen responsabilidad como superiores jerárquicos. Y que el dictador, ufano, dijo públicamente: «si no controlo al Ejército, ¿para qué estoy yo?».[8]
El Plan de Operaciones Sofía es la prueba incontestable y más evidente de que ese 93 % de muertos indígenas en las masacres es fruto de la planificación por el Alto Mando Militar. El Sofía es un documento secreto elaborado y controlado al más alto nivel de la jerarquía militar que evidencia que el Ejército en 1982 mató hombres, mujeres y niños, niñas y ancianas ixiles desarmados de Nebaj como una orden del Alto Mando Militar de Ríos Montt. Una fotocopia de este plan, con todas las órdenes, comunicaciones, cables, informes de las patrullas y de los oficiales al mando, fue entregada por una mano anónima a la sociedad civil en 2006. Poco después, el comandante al mando de esa operación, Castellanos Góngora, apareció asesinado en las proximidades de su negocio en la capital. Posteriormente, la analista norteamericana Kate Doyle recibió una de las copias originales. El Ejército ha negado su existencia, pero como dijo el tribunal de sentencia que condenó a Ríos Montt por genocidio, no puede negarse la existencia de algo que se nos pone a la vista y que incluso hoy día cualquiera podría ver en Internet.
Una de las aportaciones fundamentales del peritaje militar de Restituto Valero Ramos es que «la ejecución de las operaciones que integran el Plan “Sofía” no tiene nada que ver, en orden táctico, con ninguna forma de la lucha contra guerrillas». El coronel paracaidista, con formación específica en acciones militares contra la guerrilla, explica que «ninguna escuela, heredada de portugueses, cubanos, rusos, belgas, ingleses o cualquier otro país que haya proporcionado metodologías contra guerrilleras, ha inventado recorridos reiterativos sobre las aldeas para destruir, una y otra vez, a los habitantes del medio rural y sus bienes». Y añade que del estudio de los documentos se desprende que la triple misión del Ejército de Guatemala era matar a una parte de la población ixil, destruir todos sus bienes y trasladar forzosamente a quienes les «perdonaban la vida» . Una triple misión genocida.
Los especialistas y oficiales de la operación Sofía repiten una y otra vez que «la guerrilla ha abandonado el área». Jamás reportan la ejecución o persecución de un guerrillero porque desde su diseño no es un plan contra la guerrilla sino un plan secreto de «arrasada o barrida» contra el pueblo maya ixil. Tanto el Ejército como la CIA, presente desde que dieron el golpe de contra Jacobo Arbenz, sabían que la guerrilla no estaba ya en el área, y que los muertos eran indígenas: «(…) hasta el momento el Ejército no ha encontrado ninguna fuerza guerrillera importante en el área, los éxitos que ha tenido hasta ahora se limitan a la destrucción de varios pueblos controlados por el EGP y el asesinato de colaboradores y simpatizantes indígenas»[9].
Para el Alto Mando «todo el pueblo maya ixil es guerrillero» y merece ser destruido. El Plan «Sofía», en su Informe de inteligencia, describe que el 100 % de los ixiles apoya a la guerrilla y, por lo tanto, todos son guerrilleros que merecen morir. Así se diseñó, ordenó, cumplió y reportó por cada uno de los eslabones de la cadena. Todos sabían y aportaron al plan común según su cargo y función, conscientes de que más de 1500 paracaidistas y kaibiles fuertemente armados mataron por tierra y aire a hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos; bombardearon sus aldeas, quemaron sus casas y cosechas, mataron sus animales, una y otra vez, hasta que no quedara nada ni nadie… y que todo ello solo podía traer como consecuencia la destrucción del pueblo maya ixil hasta sus raíces. Nebaj, como tal, desapareció, porque ese era el objetivo militar.
Como analizo en mi libro Los papeles secretos del genocidio en Guatemala, el Ejército reportó de su puño y letra que, durante el Plan Sofía, del 15 de julio al 20 de agosto de 1982, en 5 masacres, mató 22 personas (3 mujeres y 3 niños/as como mínimo) y ejecutó 10 personas. Muertos reportados solo por una de las tres compañías que arrasaron Nebaj con los especialistas de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, de la que no tenemos sus reportes.
Una de las aportaciones fundamentales del peritaje militar de Restituto Valero Ramos es que «la ejecución de las operaciones que integran el Plan “Sofía” no tiene nada que ver, en orden táctico, con ninguna forma de la lucha contra guerrillas». El coronel paracaidista, con formación específica en acciones militares contra la guerrilla, explica que «ninguna escuela, heredada de portugueses, cubanos, rusos, belgas, ingleses o cualquier otro país que haya proporcionado metodologías contra guerrilleras, ha inventado recorridos reiterativos sobre las aldeas para destruir, una y otra vez, a los habitantes del medio rural y sus bienes». Y añade que del estudio de los documentos se desprende que la triple misión del Ejército de Guatemala era matar a una parte de la población ixil, destruir todos sus bienes y trasladar forzosamente a quienes les «perdonaban la vida» . Una triple misión genocida.
Los especialistas y oficiales de la operación Sofía repiten una y otra vez que «la guerrilla ha abandonado el área». Jamás reportan la ejecución o persecución de un guerrillero porque desde su diseño no es un plan contra la guerrilla sino un plan secreto de «arrasada o barrida» contra el pueblo maya ixil. Tanto el Ejército como la CIA, presente desde que dieron el golpe de contra Jacobo Arbenz, sabían que la guerrilla no estaba ya en el área, y que los muertos eran indígenas: «(…) hasta el momento el Ejército no ha encontrado ninguna fuerza guerrillera importante en el área, los éxitos que ha tenido hasta ahora se limitan a la destrucción de varios pueblos controlados por el EGP y el asesinato de colaboradores y simpatizantes indígenas»[9].
Para el Alto Mando «todo el pueblo maya ixil es guerrillero» y merece ser destruido. El Plan «Sofía», en su Informe de inteligencia, describe que el 100 % de los ixiles apoya a la guerrilla y, por lo tanto, todos son guerrilleros que merecen morir. Así se diseñó, ordenó, cumplió y reportó por cada uno de los eslabones de la cadena. Todos sabían y aportaron al plan común según su cargo y función, conscientes de que más de 1500 paracaidistas y kaibiles fuertemente armados mataron por tierra y aire a hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos; bombardearon sus aldeas, quemaron sus casas y cosechas, mataron sus animales, una y otra vez, hasta que no quedara nada ni nadie… y que todo ello solo podía traer como consecuencia la destrucción del pueblo maya ixil hasta sus raíces. Nebaj, como tal, desapareció, porque ese era el objetivo militar.
Como analizo en mi libro Los papeles secretos del genocidio en Guatemala, el Ejército reportó de su puño y letra que, durante el Plan Sofía, del 15 de julio al 20 de agosto de 1982, en 5 masacres, mató 22 personas (3 mujeres y 3 niños/as como mínimo) y ejecutó 10 personas. Muertos reportados solo por una de las tres compañías que arrasaron Nebaj con los especialistas de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, de la que no tenemos sus reportes.
Además, los informes de la verdad registraron 5 masacres y la ejecución de 2 hombres, que coinciden con los recorridos de las patrullas del Sofía; en 3 de estas masacres murieron 37 personas; en otra de ellas, el Ejército mató indiscriminadamente a las comunidades de Chortiz y Chuatuj, y en otras 2 masacres no es posible determinar el número de víctimas. Es decir, que los paracaidistas del Plan Sofía cometieron 10 masacres en las que mataron 59 personas. Al sumar los muertos en ejecución arbitraria, resulta que en el Plan Sofía mataron en Nebaj sin piedad a 73 personas, hombres, mujeres y niños. Además, debemos sumar las víctimas de las masacres indiscriminadas de las que no sabemos las víctimas. Calculen ustedes los muertos de las otras dos compañías del Sofía y de la fuerza de tarea que la acompañaba. Multipliquen ustedes por los municipios del Altiplano y por los seis años de arrasadas, de 1978 a 1984.
Solo en 1982, según los informes de la verdad, el Ejército cometió 23 masacres que mataron 828 personas inocentes, integrantes del pueblo maya Ixil. Ninguna de las masacres reportadas por sus autores en el Sofía está contenidas en la CEH o el Informe REMHI, de manera que hubo muchas más. El horror se extendió por todo el Altiplano.
Al analizar los Informes de antropología forense corroboramos el enseñamiento del Ejército en la zona ixil. Esta pequeña área del Quiché tiene la proporción más alta de muerte por causa violenta del país. Bajo la dictadura de Ríos Montt no hubo nada más peligroso que ser ixil en Nebaj. La proporción de indígenas muertos en masacres aumentó debido al ataqué brutal y sistemático, que se tradujo en que el 98.6 % de las víctimas eran indígenas y todas eran del grupo étnico maya ixil. Sumando los cuerpos exhumados por la Fundación de Antropología Forense (FAFG) y Centro de Antropología Forense (CAFCA), el Ejército mató en el área Ixil, al menos, 1085 personas. Esto supone que uno de cada cinco cuerpos exhumados en todo el país están en el área ixil. Las exhumaciones han seguido. El Altiplano es un reguero de fosas comunes y de duelos abiertos.
Para aumentar el terror, los soldados atacaron a los miembros más vulnerables de la comunidad. Las acciones en contra de los niños y niñas eran deliberadas, incluso existía una forma especial de atacarlos: «A los niños de pecho los mataban contra el piso o las paredes». La FAFG ha exhumado 256 osamentas de menores de 12 años en el área Ixil, el 30 % del total. La impiedad llevó al Ejército a matar a menores de tres años. En el área Ixil, el 11 % de los cuerpos exhumados por la FAFG y el 16.6 % de los exhumados por CAFCA son menores de 3 años.
Por último, recordamos que la operación Sofía tiene el número 32, es decir que al menos hay otros 31 planes de operaciones secretos elaborados para hacer sistemática y poder controlar al detalle la política contrainsurgente. Estos planes nacieron de la estrategia de Alejandro Gramajo, subjefe del Estado Mayor de Ríos Montt, a quien se reportaban periódicamente la arrasada de las aldeas del Altiplano. Del Alto Mando salían las órdenes de destruir a los pueblos mayas y a él se reportaba constantemente su cumplimiento. En eso consiste el Plan Sofía.
III) La intención de destruir al grupo sí se puede demostrar y se demostró en la sentencia.
Para condenar por genocidio debemos demostrar que los actos de genocidio (matar, trasladar forzosamente, someter al grupo a condiciones de vida que acarreen su destrucción…) se realizan con el ánimo o propósito de destruir el grupo al que pertenecen las víctimas.
Debemos distinguir entre la motivación y el ánimo. Resulta irrelevante penalmente el motivo que haya llevado a los autores a cometer el delito (por odio racial, reconocimiento, miedo a ser expulsado del grupo, codicia, para quedarse con tierra…) Este extremo se debatió en las Naciones Unidas durante la elaboración de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Algunos países querían que el motivo del odio racial fuera un requisito para calificar/tipificar los hechos como genocidio, pero al final se eliminó la exigencia de motivación alguna. Tiene su sentido si pensamos que hay órdenes, decisiones, que se toman de forma colegiada (por ejemplo, por los directores del Estado Mayor) y que las motivaciones personales pueden variar. Además, cada eslabón de la cadena que da y cumple la orden genocida responde como actor de genocidio y puede ser intercambiable (sustituido) dentro de la maquinaria. Por ejemplo, Adolf Eichmann, juzgado en Jerusalén, sostuvo que diseñó las cámaras de gas cumpliendo una orden, pero que no actuó por odio al pueblo judío, pues tenía amigos judíos.
No obstante, la jurisprudencia y la doctrina consideran que el odio racial ─que quedó probado en nuestro caso en el juicio de 2013 y en su posterior repetición─ es un elemento importante para probar la intención de destruir el grupo. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico consideró que pocas veces se ha probado tal nivel de racismo como en el conflicto armado en Guatemala. Solo recordar el sadismo con el que el ejército mató a mujeres embarazadas o bebés, o el hecho de quemar vivas a mujeres ancianas, no dejan duda del odio racial. En las operaciones militares los niños y niñas son llamados «chocolates» en alusión a su color de piel. Su eliminación rutinaria se plasmaba en los reportes de las patrullas del Sofía al Alto Mando: «Se elimina el siguiente personal: en una quebrada se encontraba escondida una mujer y al advertir presencia extraña el hombre punta hizo fuego, eliminándola a ella y dos chocolates».
Lo que sí debe demostrarse es que los actos de matar, trasladar forzosamente o destruir los medios de vida… se realizaron con el ánimo/ propósito de destruir el grupo al que pertenecían las víctimas. Para la doctrina y la jurisprudencia internacional el ánimo o intención es sinónimo de propósito y debe inferirse de hechos como, por ejemplo, actuar siguiendo un mismo patrón, de forma sistemática, destruir elementos de cohesión del grupo o deshumanizar a las víctimas.
Tenemos pruebas abundantes de todos estos hechos objetivos. El Alto Mando diseñó un plan a largo plazo en el que cada aldea del Altiplano sería atacada en función de su peligrosidad, siguiendo un plan que incluía la eliminación de una parte de la población y la persecución, el traslado forzoso y la destrucción los medios de vida de los sobrevivientes. Las campañas de arrasada eran acompañadas del adoctrinamiento y la militarización de los sobrevivientes; de Patrullas de Autodefensa Civil y aldeas modelo. Las campañas tendentes a «borrar lo indígena» son prueba del propósito de destruir los grupos indígenas como tales.
Además, la forma en la que mataban y violaban a mujeres de todas las edades estaba fijada de antemano siguiendo un mismo patrón. Los soldados estaban entrenados para violar y las violaciones sexuales formaban parte de la rutina de las masacres. Incluso, estaba establecido quién tenía derecho a violar primero, de manera que el suplicio al que sometieron a miles de mujeres, niñas y ancianas era un ritual aprendido. Violaron antes, durante y después de las masacres, como patrón de tortura contra las mujeres y como forma de desestructurar su grupo.
El ataque sistemático contra la población, sus bienes y sus elementos culturales y espirituales son elementos objetivos demuestran la intención de destruir el grupo. Está más que comprobado que el ejército en su arrasada destruyó los elementos culturales y espirituales, eliminó a sus líderes espirituales, destruyó centros ceremoniales, lugares sagrados… que nada tenían que ver con combatir a la guerrilla, sino que tenían el propósito de destruir al pueblo maya hasta sus raíces. De borrar los elementos fundamentales de su cultura, sus lazos de unión.
Todas las aldeas de Nebaj fueron bombardeadas y quemadas. Algunas aldeas, como Tzabal, fueron destruidas brutalmente varias veces. Los sobrevivientes que volvían a sus hogares fueron masacrados una y otra vez. El Ejército lanzó miles de bombas y quemó tres veces el cerro Sumal Grande, en el que se refugiaron los sobrevivientes ixiles del Plan Sofía. La embestida militar en el cerro sagrado duró inexorable hasta 1987. Ningún pueblo murió tanto de hambre, enfermedad y frío como el pueblo maya ixil. La reiteración prueba la intención de destruir.
Nos sobran ejemplos de la crueldad empleada antes y después de la muerte (tortura y crueldad sin límites, quemar vivas a las personas, profanar las tumbas, etcétera); la forma cruel con que mataron niños, niñas, las semillas, incluso dentro de los vientres de sus madres para asegurarse de no dejar al grupo posibilidad de sobrevivir. Todos los actos deshumanizantes del Ejército prueban no solo el odio racial, el profundo desprecio, sino la intención genocida, el propósito de destruir el grupo maya sin posibilidad de rehacerse tras la guerra.
La planificación es un elemento que demuestra el ánimo/propósito/intención, aunque no es un requisito. Es decir, que la existencia de un plan demuestra por sí solo el propósito o intención de destruir, pero puede calificarse como genocidio sin que exista. Por ejemplo, para que se condene por un delito contra la propiedad (como el robo) debe existir ánimo de lucro. Este ánimo o intención de lucrarse puede probarse de muchas maneras sin que sea necesario encontrar un plan; pero si se juzga una mafia de banqueros dedicada a apropiarse del dinero de sus usuarios y aparece un plan en el que cada uno se reparte las funciones según el perfil del cliente, que además contiene reportes de cada cliente estafado y extractos del envío del dinero a las cuentas de la mafia; a nadie se le ocurriría dudar de que la intención era lucrarse, porque de hecho era el objetivo del plan y el reparto de los beneficios su mejor prueba.
Del mismo modo, nadie puede dudar que el Ejército se propuso eliminar al pueblo maya ixil porque la triple misión del plan Sofía conlleva su destrucción; porque planificaron hasta el último detalle cómo llevarla a cabo, reportaron las muertes de ixiles desarmados como órdenes cumplidas, destruyeron sus medios de vida y adoctrinaron o mataron a los que trasladaron forzosamente. El resultado fue considerado un éxito militar y condecoraron a los paracaidistas que destacaron por su esmero en la arrasada.
El plan Sofía demuestra que el ejército nunca luchó contra la guerrilla y que la destrucción del pueblo maya ixil no fue producto del exceso de unos pocos, ni un error, ni un resultado inesperado o imprevisible. Al contrario, fue planificada y los involucrados tenían conocimiento y voluntad de contribuir a su destrucción, pues todos y cada uno sabían que, matando, saqueando, quemándolo todo, una y otra vez, solo podría producirse ese resultado. Indudablemente, la destrucción del pueblo maya ixil de Nebaj fue a propósito (su intención) porque fue la misión cumplida del ejército de Ríos Montt.
Negar el genocidio es como intentar tapar el sol con un dedo. Sobran las pruebas. Falta la voluntad de reconocer la historia y de asumir las responsabilidades. Los sobrevivientes confiaron en un sistema de justicia que sentenció la verdad, pero se la intentó quitar por petición de las élites militares y empresariales que dirigen el país. Quienes luchan, en este y todos los casos del conflicto armado, siguen clamando justicia hasta que llegue. Sí hubo genocidio. La verdad se demostró en 2013. Es justa y es histórica. Nadie la podrá borrar.
Bibliografía
Archivo Histórico de la Policía Nacional: Del Silencio a la Memoria, revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Volumen 1, AHPN, Guatemala, 2011. Versión digital en www.archivohistoricopn.org
CAFCA: Investigaciones antropológico-forenses realizadas por el centro de análisis forense y ciencias aplicadas, enero 2000 – febrero 2009, Guatemala, 2010.
CEH (Comisión para el Esclarecimiento Histórico): Guatemala. Memoria del silencio, Unops, 1999, 12 tomos
CASAÚS ARZÚ, Marta Elena: Genocidio: ¿La máxima expresión del racismo en Guatemala? , F&G, Ciudad de Guatemala, 2008.
CASAÚS ARZÚ, Marta Elena: Guatemala: Linaje y racismo, F&G Editores, julio 2007, Ciudad de Guatemala
DUYOS, Sofía: Los papeles secretos del genocidio en Guatemala, Serviprensa, 2020, Ciudad de Guatemala.
Fundación de Antropología Forense (FAFG): Dictamen Antropológico Forense de la Región Ixil, Guatemala, 2013.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG): Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), Guatemala Nunca Más, Ciudad de Guatemala, 1998, 4 tomos.
SCHIRMER, Jennifer: Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, FLACSO, Guatemala, 1998.
THE NATIONAL SECURITY ARCHIVE (NSA): El Ejército de Guatemala: Lo que revelan los Archivos de Estados Unidos, 2 tomos.
VALERO RAMOS, Restituto.: Estudio Técnico Militar del Plan de Operaciones “Sofía”, julio y agosto de 1982, Nebaj, Quiché, Guatemala, Madrid 2012.
Documentos militares
Planes militares de campaña Victoria 82 y Firmeza 83, Operación Sofía.
Ejército de Guatemala; Apreciación de asuntos civiles (G-5) para el área Ixil, «Operación IXIL», artículo publicado en la Revista Militar (septiembre-diciembre de 1982) sobre Asuntos Civiles para el Área Ixil.
Manual de Guerra Contrasubversiva del Ejército de Guatemala, marzo 1978
Fotografía principal, aldea modelo Acul, Nebaj, Quiché, por Ulf Aneer, 1985.
[1] CEH (Comisión para el Esclarecimiento Histórico): Guatemala. Memoria del silencio, Unops, 1999, C4, Conclusiones, p. 27, ep. 25.
[2] CEH, Tomo V, p. 28, ep. 28.
[3] Manual de Guerra Contrasubversiva… Ob. Cit., Anexo “A”, p. 1.
[4] CEH: Guatemala: Memoria del Silencio…. Ob. Cit., Capítulo IV., pp. 24 y 25, ep. 15.
[5] Operación Ixil, Ejército de Guatemala; Apreciación de asuntos civiles (G-5) para la Región, Revista Militar septiembre-diciembre 1982, p. 26.
[6] CEH: Guatemala: Memoria del Silencio…. Ob. Cit., C. 2, Tomo II, pp. 321 y 322, ep. 1745. Estas proporciones se calculan sobre el 97 % de las víctimas en las que la CEH ha podido determinar la pertenencia étnica.
[7] CEH: Guatemala: Memoria del Silencio…. Ob. Cit., C. 2. Tomo III. p. 258, ep. 3081 y gráfico15, siendo los k’iche’ los más afectados; sufrieron el 25 % de las ejecuciones arbitrarias en las masacres, seguidos por los kaqchikel (14 %), los ixil (13 %), los q’eqchi’ (11 %), los achí (8 %), los mam (6 %) y los chuj (5 %).
[8] Véase documental Granito de Pamela Yates, Skylight. 2011.
[9] National Security Archives (NSA), Ob. Cit, Volumen II, Desclasificado 20 de febrero de 1982, Párrafo 4. El énfasis es nuestro.
Sofía Duyos
Abogada especializada en derechos humanos. Desde el 2000 que trabajó en el Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ha realizado labores de investigación en materia de derechos humanos, de incidencia política y sensibilización, sobre todo en temas relacionados con violaciones de derechos humanos en Guatemala, protección de defensores/as y violencia contra las mujeres. Ha escrito abundantes artículos y coordinado diversas publicaciones sobre género y derechos humanos. En los últimos cinco años ha sido abogada litigante en el caso abierto en la Audiencia Nacional por genocidio contra el pueblo maya en Guatemala, así como asesora del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en el proceso abierto por la mencionada organización en el país contra el expresidente Ríos Montt y su director de inteligencia Rodríguez Sánchez.